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CERMI Andalucía

CERMI Andalucía

Una delegación del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), encabezada por su presidente, José Manuel Porras, ha asistido este martes a la conmemoración del 25 aniversario de la puesta en funcionamiento de los taxis adaptados en Sevilla.

Durante el acto, se ha entregado una placa conmemorativa a Francisco Oliva, que mantiene la licencia de su padre, Antonio Oliva, titular de la primera licencia de Eurotaxi otorgada en Sevilla el 9 de julio de 1992.

Además, el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, y el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, han presentado los resultados del informe ‘Estado de la flota de taxis accesibles en municipios de más de 50.000 habitantes’, elaborado por Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 135 municipios de más de 50.000 habitantes. En el acto han participado además el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas, entre otros representantes sociales.

Este informe revela que el 63% de las ciudades españolas incumplen con la normativa que fija en un cinco por ciento la cuota de taxis adaptados; ciudades como Madrid y Barcelona incumplen la normativa, y en localidades como Torrelavega, Alcoy, Elda, Paterna o Torrente hay 120 taxis y ni uno es accesible.

La Fundación ONCE recuerda que hace diez años el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el Real Decreto 1544/2007 por el que se regulaban las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. En él se fijaba un mínimo de un cinco por ciento de taxis accesibles sobre el total de la flota en un plazo de diez años desde la entrada en vigor de dicha norma. Este plazo finalizó precisamente ayer, 4 de diciembre, y tan sólo el 37% de los municipios de más de 50.000 habitantes la cumplen.

De los 135 municipios analizados, donde viven 1.294.400 personas con problemas de movilidad, tan sólo 50 están por encima del mencionado porcentaje del 5%. De hecho, 42 no llegan ni siquiera al 2% de taxis adaptados, entre ellos Madrid y Barcelona, que necesitarían, en ambos casos, 450 licencias de taxi accesibles para cumplir la normativa.

En el tramo entre el 2% y el 3,4% de taxis adaptados se puede ser más optimista, puesto que 18 de las 22 ciudades situadas en él lograrían tener la flota en regla aumentando como máximo en 4 las licencias de taxi adaptado. En la horquilla entre 3,5 y 4,9% ya estarían un total de 21 municipios.

En el lado más positivo se encuentran 14 ciudades que cuentan con una flota adaptada por encima del 10%. Entre ellas destaca Chiclana de la Frontera, ejemplo de inclusión al ofrecer un 18,9% de taxis adaptados sobre la flota total.

MEJORAS DESDE 2014

El informe también realiza una comparativa respecto a un estudio previo de 2014 y revela una mejora. En estos tres años ha aumentado un 9,6% el número de municipios que cumplen con la normativa, lo que supone que hay 13 municipios más que cumplen con la cuota establecida por el Real Decreto.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha mejoran notablemente respecto a 2014 y se sitúan por encima del cinco por ciento. En el sentido contrario nos encontramos a la Comunidad Valenciana, que se queda a una décima de alcanzar el cinco por ciento que sí superaba en 2014.

Hay nueve comunidades autónomas en las que, de media, su flota de taxis adaptados supera el mencionado umbral, que son Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, además de la ciudad autónoma de Melilla.

ANDALUCÍA

El estudio sitúa a Andalucía entre las comunidades autónomas que mejor cumplen la normativa al situar a cuatro ciudades entre las diez con mejor porcentaje. En concreto se trata de Chiclana de la Frontera con 18,9%, Sanlúcar de Barrameda con 14,8%, El Ejido y Utrera con 12,5%. Sevilla cuenta con 159 eurotaxis, sobre un total de 1.981, lo que supone un 7,9%.

MEDIDAS DE FOMENTO

Por otra parte, el estudio ha analizado las distintas medidas puestas en marcha por las administraciones públicas para fomentar el transporte accesible. En este sentido destaca la combinación de actuaciones como es el caso de la concesión de subvenciones para la adquisición y adaptación de vehículos, además de la creación de nuevas licencias con obligatoriedad de ser accesibles.

El informe también señala como otra forma de fomentar el Eurotaxi es aumentar del número de plazas de las licencias accesibles. De esta forma, además de ayudar al desplazamiento de las personas con discapacidad se favorece a las familias o grupos de cinco o más componentes que tendrían que utilizar dos vehículos convencionales.

NUEVAS FORMAS DE TRANSPORTE

En relación con el sector del taxi y debido al aumento de las licencias VTC por la existencia de empresas como Cabify y Uber, en el informe se pide que se tenga en cuenta la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la elección de este tipo de servicios y que en la regulación de estas autorizaciones se garantice la existencia de un porcentaje de vehículos adaptados.
José Manuel Porras, presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), así como una nutrida representación del propio CERMI Andalucía, asistieron en la tarde de ayer lunes al acto de entrega del Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad en sus ocho modalidades. CERMI Andalucía forma parte del jurado de estos premios, que celebraban su XII edición y que se conceden con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, presidió el acto de entrega de estos premios. Manuel Martínez Domene, viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales; Purificación Gálvez, secretaria general de Servicios Sociales; y Gonzalo Rivas, director general de Personas con Discapacidad, asistieron igualmente a este acto, que se celebró en el Teatro Central de Sevilla.

En esta ocasión, CERMI Andalucía ha felicitado a la Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Andalucía (Codisa-Predif), una de sus entidades miembros, que obtuvo el galardón en la modalidad de Promoción de la autonomía personal junto con VIAndalucía y Aspaym Andalucía, “por las iniciativas y programas que desarrollan en el ámbito de la asistencia personal, en aras a promover una vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad prestándoles el apoyo y la formación necesarias para realizar su plan individual de vida en su propio entorno”.

Además, la Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental Grave (Asaenes), perteneciente a FEAFES Andalucía Salud Mental, y la asociación Asprodisis, de Plena Inclusión Andalucía, recibieron sendos premios en las categorías de Igualdad de oportunidades y en la de Inserción laboral, respectivamente.

Asaenes, “por el programa de atención a menores familiares de personas con problemas de salud mental que ofrece a niñas y niños acompañamiento a través de talleres y actividades lúdicas y de ocio, formativas, psicoeducativas y de apoyo escolar, para generar un espacio en el que expresen sus emociones y compartan sus experiencias”.

Por su parte, Asprodisis, por el desarrollo en el medio rural del servicio de apoyo a la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual en Ronda y su Serranía, “logrando con éxito el desempeño de prácticas formativas en empresas y la incorporación al mundo laboral de estas personas, además de sensibilizar, informar y formar al entorno y al tejido empresarial”.

El Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad en sus distintas modalidades nace en 2005 como forma de reconocer públicamente la labor de calidad realizada por personas físicas, entidades o instituciones, tanto públicas como privadas, en la lucha por la eliminación de las barreras que impiden el normal desenvolvimiento de las personas con discapacidad, y promuevan su integración social y laboral. También se valoran las iniciativas que incorporan la perspectiva de género para hacer más visibles a las mujeres con discapacidad.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) ha organizado este viernes un acto institucional en el Parlamento andaluz para conmemorar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que como cada año se celebra el día 3 de diciembre.

El presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras, y cinco personas con discapacidad pertenecientes a las entidades miembros del CERMI Andalucía: DOWN Andalucía, ASPACE Andalucía, FAPAS, Plena Inclusión Andalucía y ONCE Andalucía, han leído el manifiesto de este año con las principales reivindicaciones de un sector, el de las personas con discapacidad, que en Andalucía forman más de 720.000 personas.

El director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas; la directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Mª Carmen Arjona; el director general de Políticas Activas de Empleo, Rafael Moreno; así como el director del I Plan Andaluz de atención integral a personas menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, Daniel Jiménez Calvo, han asistido a este acto.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha puesto en valor el movimiento de la discapacidad andaluz, del que ha dicho “es el más potente y reivindicativo a nivel nacional”.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, que ha cerrado el acto, ha hecho un llamamiento al consenso de todos los representantes políticos en el desarrollo de políticas sociales y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

El manifiesto de este año del CERMI Andalucía se ha presentado con el lema ‘Por la accesibilidad y la participación real y efectiva de las personas con discapacidad’, y es que, ante la cercanía del 4 de diciembre, fecha en la que se cumple el plazo legalmente establecido que nuestro país se dio en 2003 para que todos los bienes, servicios, productos y entornos fueran accesibles para todas las personas, CERMI Andalucía ha invitado a la reflexión en torno a la falta de accesibilidad universal y la ausencia de la aplicación de ajustes razonables para la accesibilidad, así como sobre los obstáculos a la participación real y efectiva de las personas con discapacidad en áreas básicas de la vida y en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Ante este panorama, CERMI Andalucía ha reivindicado las siguientes medidas:

1. El pronto desarrollo, y con la dotación presupuestaria necesaria, de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, con el máximo cumplimiento de sus valores y principios rectores, especialmente en lo que toca a la aplicación transversal de la perspectiva de género y bajo la guía de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

2. El desarrollo pleno de las prestaciones de la Ley 39/2006. La situación de mejora de la economía tiene que tener un reflejo en la atención de las personas en situación de dependencia en todos sus grados. En Andalucía es urgente concertar nuevas plazas de atención residencial y de día que permitan el acceso de personas que llevan años esperando un recurso. Asimismo, es urgente aumentar los costes plazas para ofrecer la calidad en los servicios a los que estas personas tienen derecho. Y como alternativa y fomento de la autonomía, regular e implementar la prestación de la asistencia personal.

3. El desarrollo de las políticas, planes y programas contemplados en nuestra legislación vigente y otros necesarios para las personas con discapacidad, con especial atención a las políticas activas de empleo. El derecho al empleo es inherente a la persona y así debe quedar reflejado en el Plan de Empleo que establece la Ley. Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, muestran datos alarmantes de desempleo e inactividad. Por tanto, es imprescindible facilitar la formación profesional y el acceso y mantenimiento de mujeres y hombres con discapacidad en empleos de calidad, estableciendo medidas adecuadas e innovadoras de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, facilitando la adaptación de los puestos de trabajo y desarrollando estrategias como el teletrabajo.

4. La garantía de los principios de equidad y solidaridad territorial en Andalucía, en todas las políticas y planes destinados a las personas con discapacidad y sus familias.

5. La aprobación del decreto que regula la figura del concierto social y a realizarse con las entidades sociales sin ánimo de lucro que tradicionalmente vienen prestando servicios a estas personas, incluyendo como tales los servicios sociales, sanitarios y educativos, bajo criterios de calidad y atención centrada en la persona.

6. La financiación sostenible de programas que tienen por objeto el empoderamiento, la eliminación de las brechas de género, la mejora de la calidad de vida y el ejercicio de derechos de las mujeres y hombres con discapacidad, dando prioridad a los pagos de los programas que realizan las entidades de personas con discapacidad, como entidades sin ánimo de lucro.

7. La garantía de participación y representación del movimiento de personas con discapacidad de Andalucía en todos los consejos, comisiones, grupos de trabajo y foros en los que se planifiquen, diseñen, ejecuten o evalúen medidas, acciones, planes, programas o políticas que afecten a la vida de las personas en nuestra Comunidad Autónoma. Somos más del 10% de la población andaluza, una mayoría mujeres.

8. La dotación de servicios públicos de Atención Temprana de Andalucía, la primera que se va a legislar en el Estado.

9. La adaptación de la legislación educativa a los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los distintos centros y niveles del sistema educativo, acorde con los principios de igualdad de género, inclusión, equidad, flexibilidad y respeto a la diversidad. La atención al alumnado con necesidades educativas específicas debe ser un vector transversal de atención preferente en todas las líneas, con la dotación presupuestaria que requiera.

10. El desarrollo de políticas e iniciativas que propicien, exijan y garanticen la accesibilidad universal y con perspectiva de género, que caminen hacia viviendas, comunidades, ciudades y entornos rurales inclusivos y participativos para todas y todos.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) se suma al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en mostrar su satisfacción por la aprobación definitiva en el Senado, ayer miércoles, de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Jurado, que permitirá que todas las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunal.

Es digno de mención que el Senado haya dado luz verde al texto remitido por el Congreso por unanimidad de todos los grupos y sin introducir enmiendas que modifiquen su contenido.

Así pues, esto se ha plasmado en que, a instancias del CERMI, los partidos políticos han corregido el artículo 8.5 de la Ley Orgánica del Jurado, que incluye los “Requisitos para ser jurado”. Mientras que a partir de ahora se dirá que “para ser jurado habrá que contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función del jurado”, este punto de la norma aprobada en 1995 establecía que para ser miembro de un tribunal popular “no había que estar afectado por discapacidad física o psíquica”.

Además, “las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, debiendo la Administración de Justicia proveer de los apoyos precisos y efectuar los ajustes razonables a los candidatos a jurado con situaciones de discapacidad para que puedan desempeñar con normalidad su cometido”.

De esta forma, el Estado español avanza en el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En concreto, el artículo 13 de dicho tratado obliga a garantizar la igualdad en el acceso a la Justicia, y las restricciones existentes suponían una discriminación en el acceso a la Administración de Justicia.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) y la Universidad de Sevilla (US) han firmado recientemente un convenio marco de colaboración con el objetivo de lograr la atención y promoción de las personas con discapacidad en el ámbito de la Universidad de Sevilla. Tanto CERMI Andalucía como la Universidad de Sevilla expresan su voluntad de promover y defender los derechos de las personas con discapacidad.

Mediante este convenio, se establece un marco estable de colaboración en distintas líneas de actuación dirigidas a la mejora de la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de todas las personas con discapacidad, desde una perspectiva de género, dentro de la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla.

El texto prevé el desarrollo de acciones conjuntas de formación relacionadas con la igualdad de oportunidades, la supresión de barreras para el estudio en la universidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como fomentar la colaboración de las dos instituciones en este ámbito.

También, el desarrollo de acciones formativas encaminadas a facilitar la inclusión social y laboral de los universitarios con discapacidad, desde una perspectiva de género y derechos humanos; acciones dirigidas a sensibilizar, concienciar y promover una imagen positiva y no estereotipada de las mujeres y hombres con discapacidad, un trato adecuado y respetuoso, igualdad de oportunidades y el goce y libre ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN

Dentro del marco general de colaboración entre ambas instituciones, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) y la Universidad de Sevilla han suscrito un convenio específico por el cual ofrecerán a la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla cursos, jornadas, talleres, mesas redondas, congresos o prácticas.

La Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad, del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) de la Universidad de Sevilla, será el servicio responsable de la coordinación de estas acciones formativas y de divulgación en materia de atención a la discapacidad.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) ha reclamado este viernes la plena accesibilidad de los recursos y protocolos de atención a las víctimas de la violencia machista para que las mujeres con discapacidad no se queden atrás en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

De esta forma, CERMI Andalucía se suma al manifiesto de la FCM elaborado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) que, junto al CERMI Estatal y el tejido asociativo de la discapacidad, denuncia la falta, hasta la fecha, de medidas efectivas y accesibles que protejan a las mujeres y niñas con discapacidad de la violencia, la explotación y el abuso, y hace un llamamiento para que el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género no las deje atrás. Además, recuerda que el próximo 4 de diciembre concluye el plazo legal que obliga a que en España todos los servicios y entornos de interés sean plenamente accesibles.

Los escasos datos disponibles sobre esta cruenta realidad cuadriplican los efectos de la violencia perpetrada hacia estas mujeres, estimándose que el 20% de las víctimas mortales por violencia de género tenía una discapacidad, en muchos casos sobrevenida como consecuencia de los malos tratos, discapacidad que nunca llegó a ser reconocida oficialmente.

Hay que tener presente, además, que la especificidad de las mujeres y niñas con discapacidad ante la violencia se manifiesta también en forma de fuerza física, coacción legal, coerción económica, intimidación, manipulación psicológica, engaño y desinformación, y en la cual la ausencia de consentimiento libre e informado constituye un componente fundamental.

La institucionalización es igualmente una forma específica de violencia ejercida hacia mujeres y niñas con discapacidad, que se ven obligadas a vivir en entornos cerrados y segregados como resultado de la única respuesta a su atención y exclusión de la comunidad, lo que supone la negación de sus derechos de plena ciudadanía.
La Comisión Permanente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) se reunió la semana pasada con la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, para tratar ciertos asuntos de los que no han recibido respuesta por parte del Gobierno andaluz y que preocupan en el seno de la entidad.

En primer lugar, el presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras, mostró su preocupación porque hayan dejado de convocarse las rees de seguimiento del Plan de Centros de Educación Especial, lo que ha derivado, en su opinión, en “una pérdida del trabajo realizado y de los avances que se estaban consiguiendo”.

Para el presidente de la entidad, “especialmente grave” es la situación de impagos de los comedores de la provincia de Cádiz. Ante esto, la consejera de Educación pidió que se le concediera “un margen de tiempo” para analizar la situación y tomar decisiones que resulten ventajosas para los centros de educación especial.

Otros temas planteados en la reunión fueron la ratio de personal y la formación del profesorado en dichos centros, cuestiones que también se estaban trabajando en las rees de seguimiento del Plan de Centros de Educación Especial y que actualmente necesitan una revisión. La respuesta de la consejera de Educación fue que se le hiciera llegar una propuesta de formación y que desde la Consejería se encargarían de trasladar a los centros de profesorado.

Por otro lado, CERMI Andalucía sugirió que se incluya dentro del Plan de Éxito Educativo al alumnado de los centros de educación especial, puesto que dicho plan contempla algunos objetivos específicos interesantes en relación con la discapacidad; como son, “atender de forma adecuada la diversidad de capacidades, intereses y expectativas del alumnado para conseguir su éxito educativo” o “incrementar la tasa de graduación en Educación Secundaria Obligatoria, tendiendo a que todo el alumnado alcance dicha titulación, estableciendo una serie de medidas para que esto sea efectivo y que han de aplicarse.

Además, se trataron aspectos relacionados con la educación inclusiva en centros ordinarios. Durante su exposición, se hizo alusión a la reciente publicación de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que en su artículo 20 establece que la “Consejería de Educación tiene que elaborar una estrategia para la educación inclusiva en Andalucía como instrumento para coordinar las políticas y medidas dirigidas a conseguir la plena inclusión en el ámbito educativo”.

No obstante, para José Manuel Porras, la educación inclusiva no puede significar en ningún caso “dejar de lado” a los centros de educación especial, ya que son el recurso existente mientras no haya una inclusión “real” en los centros ordinarios.

Por ello, se ha pedido a la consejera de Educación que “se retomen los trabajos ya iniciados con el Plan de Centros de Educación Especial, con la documentación trabajada conjuntamente con nuestras entidades, para que puedan reanudarse lo antes posible las rees de seguimiento”.

En este sentido, la propia consejera de Educación transmitió a los miembros de la Comisión Permanente del CERMI Andalucía que ya ha dado las “instrucciones oportunas” a la directora general de Participación y Equidad, María Isabel González, para que las rees se retomen a la mayor brevedad.

A la reunión asistieron los miembros de la Comisión Permanente del CERMI Andalucía, encabezados por el presidente de la entidad, José Manuel Porras. Al encuentro, y acompañando a la consejera de Educación, asistieron también la viceconsejera de Educación, Elena Marín; y la directora general de Participación y Equidad, María Isabel González.
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