<![CDATA[CERMI ANDALUCÍA - ENCLAVE DE MUJERES]]>

Señorías, compañeras, amigas:
Los retos que nos atañen son numerosos y complejos, pero, no por ello, inalcanzables. Para ceñirme al tiempo, me permito nombrar solo algunos de los que, desde CERMI Andalucía, consideramos de envergadura y que se resumen en uno:

El acceso y ejercicio de los derechos vinculados a grandes pilares de nuestra sociedad, a saber: educación, salud, cuidados y bienestar, en condiciones de equidad.

Equidad, que no es lo mismo que igualdad. La igualdad es el mismo trato para todas las personas, la equidad es el trato justo, en función de las situaciones de partida, las circunstancias, condicionantes, potencialidades de cada quien. La equidad para nosotras, las niñas y mujeres con discapacidad, es un enfoque clave para garantizar nuestra plena ciudadanía, que implica establecer los mecanismos que sean necesarios para corregir las desventajas que nos acompañan.

Así, este país tiene el reto de garantizar la equidad en la educación, a lo largo de toda la vida. La educación inclusiva y con enfoque de género ha de desarrollarse en condiciones de calidad y mejora permanente y extenderse más allá de la etapa de escolarización obligatoria, poniendo en práctica medidas concretas que impulsen a las niñas y mujeres con discapacidad hacia el diseño de proyectos de vida autónomos basados en una formación sólida y coherente con las demandas de nuestra sociedad.

En el ámbito de la salud, el reto está en superar la visión que aún se tiene de nosotras como personas enfermas, lo que dificulta que se atienda adecuadamente nuestros problemas reales de salud, que quedan ignorados tras la discapacidad. Tenemos el reto de lograr que, como niñas y mujeres, podamos desarrollar y disfrutar nuestros procesos sexuales y reproductivos, también en equidad. La salud sexual y la salud reproductiva, como derecho está lejos de ser equitativo. Sin ir más lejos, el parto no cuenta con una prestación por incapacidad temporal, a pesar de lo demostrado de la necesidad que tienen las madres puérperas de ser cuidadas en esos momentos. Ni siquiera cuando se producen cirugías mayores, como cesáreas, se cuenta con una incapacidad temporal. En el caso de las mujeres con discapacidad, que en muchos casos finalizan su parto con cesáreas, la falta de medidas de protección social es evidente.

En cuanto a los cuidados vinculados a la crianza, la apuesta por la equidad requiere permisos más amplios para las madres, permisos transferibles que garanticen la atención prioritaria a las necesidades de cuidados que tienen nuestras criaturas y que permitan a cada familia organizarse como mejor les convenga para dar respuesta a esas necesidades. Necesitamos prestaciones universales remuneradas por maternidad. Muchas madres con discapacidad no tienen acceso a permisos de maternidad remunerados porque se encuentran en situación de inactividad o desempleo sin prestaciones, o en situación irregular, multiplicándose así los factores de desigualdad y exclusión. Una prestación universal por maternidad y otra, también universal, por cada hija/o a cargo contribuirían a corregir muchas desigualdades que nos afectan a las mujeres con discapacidad en el ejercicio de nuestras maternidades y crianzas, ya que reducirían la pobreza que caracteriza a nuestro colectivo y apoyaría la natalidad y los cuidados de la infancia, que presenta en nuestro país altos índices de pobreza.

Un reto mayor, el de un sistema de bienestar que de verdad compense las desigualdades estructurales de nuestra sociedad que no hacen más que ampliarse con la tecnificación y automatización de los sistemas de producción. El reto de hacer realidad una renta básica universal, digna y suficiente daría seguridad económica y, por lo tanto, mayor autonomía en la toma de decisiones a las mujeres con discapacidad. Les pongo un ejemplo: una mujer con autonomía y suficiencia económica tiene muchas más posibilidades de salir, antes y mejor, del círculo de la violencia de género, ahorrando múltiples costes al Estado. Hablo de los costes económicos (y también sociales) de las desigualdades. Hagan cuentas de lo que supone para las arcas del estado actuar contra las consecuencias derivadas, principalmente, de las desigualdades socioeconómicas o de clase: la lucha contra las violencias machistas, la lucha contra las violencias hacia la infancia, el abandono de nuestras y nuestros mayores, los arrancamientos de niñas y niños de sus madres, los sistemas de acogida y alojamiento de personas sin hogar, la atención a los problemas de salud, incluyendo la salud mental, los índices de fracaso y abandono escolar, las violencias callejeras, y un largo etcétera.

Es hora de asumir el reto de mirar las desigualdades de forma profunda, más allá de sus riesgos en términos de crecimiento económico de los países y apostar por una sociedad de la equidad, repensando y reestructurando nuestro sistema de recaudación de una forma justa y sostenible, donde las niñas y mujeres con discapacidad seamos, por fin, ciudadanas de primera.

Desde la comisión de mujeres con discapacidad de CERMI Andalucía nos preguntamos cuál será el día en que nos reunamos de nuevo en el Senado o en el Congreso para celebrar las conquistas alcanzadas tras los retos superados. Confiamos en que, con el esfuerzo de todas y todos, ese día llegue muy pronto.

Nada para las mujeres con discapacidad sin las mujeres con discapacidad.

Algunos datos
A partir de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019

La prevalencia de la violencia de género en cualquiera de sus formas es más elevada entre las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% que en las mujeres sin discapacidad. Por ejemplo, el 20,7% de las mujeres con discapacidad acreditada ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja a lo largo de sus vidas frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad acreditada.
Las mujeres con discapacidad han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad (6,2%), siendo también mayor el porcentaje de las que la han sufrido en la infancia (6,3% de las mujeres con discapacidad frente a 3,3% de las mujeres sin discapacidad).
El 77,0% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física, sexual o emocional de alguna pareja afirman que los episodios de violencia les han producido alguna consecuencia psicológica frente al 69,4% de las mujeres sin discapacidad.
Las mujeres con discapacidad mencionan algo más que las mujeres sin discapacidad haber sufrido la violencia sexual de familiares y amigos o conocidos hombres.
El 45,1% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia sexual ha tenido pensamientos de suicidio a lo largo de su vida frente al 24,1% de las mujeres sin discapacidad.
Un 20,7% de mujeres que han sufrido violencia de género tienen una discapacidad ocasionada por las agresiones.

A partir del informe “Mujer, discapacidad y violencia de género” (2020,) promovido y financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y realizado por la Federación de Mujeres Progresistas (FMP)

En base a una encuesta a 155 mujeres con discapacidad, el 71% de mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo violencia de género en algún momento de su vida frente al 16,8% que nunca la ha sufrido.

Factores de riesgo
Diversos factores son determinantes a la hora de identificar las formas y niveles de exposición a actos de violencia, entre los cuales la diversidad de circunstancias de discapacidad, la gravedad de la condición o la dependencia, la edad, la prevalencia de los estereotipos, la falta de formación y las intersecciones y barreras que enfrentan.
Otras causas que contribuyen a la mayor vulnerabilidad a la violencia y que sustentan la continuidad y la falta de visibilidad de las violencias que enfrentan las mujeres con discapacidad incluyen factores físicos, psicológicos, culturales, sociales y económicos:

Los efectos de los desequilibrios de poder de la desigualdad de género
La negación de su condición de sujetos de derechos humanos
La cultura de abuso ante la discapacidad
Las condiciones de exclusión, aislamiento social y pobreza que enfrentan muchas niñas y mujeres con discapacidad.
Las condiciones de calle en que se encuentran muchas mujeres con discapacidad.
El abandono familiar y la obligación impuesta de asumir un rol de cuidadoras
La falta de apoyos sociales e institucionales
La dependencia de otras personas para el cuidado
La confianza del abusador o maltratador de que no corre riesgo de ser descubierto
La consideración de que el testimonio de la víctima o sobreviviente será desechado en función de los estereotipos sobre la discapacidad.
La mayor vulnerabilidad a la manipulación
En general, enfrentan una dificultad mayor para defenderse físicamente y pueden ser más vulnerables a las amenazas y la coerción en lugares públicos.

Rosario y Antonio, pareja de ciudadanos españoles que protagonizan una parte del reportaje sobre la esterilización de mujeres con discapacidad.Euronews-WITNESS

El pasado 2021, ASPACE Andalucía realizó un curso en materia de violencia de género a mujeres con Parálisis Cerebral y Afines con el fin de avanzar en la eliminación de desigualdades en mujeres en el sector de la discapacidad (Parálisis Cerebral), prevención de violencia y/o abuso, así como conseguir su integración social y mejora de la autonomía personal .
Abrimos, por tanto, una nueva línea de actuación para mujer y violencia de género.

Durante el año 2022, nos hemos vuelto a formar en “Elaboración de un protocolo de actuación en casos de violencia de género a mujeres con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo” realizado por 25 profesionales de nuestras entidades en toda Andalucía y custodiado por la Escuela Andaluza de salud Pública.

Este protocolo es necesario para visibilizar cómo la discapacidad puede ser un factor que añade una especial vulnerabilidad para las mujeres y en general, no se trata de un componente aislado, sino que son varios los factores de desventaja social acumulados que intervienen y contribuyen a una mayor probabilidad de sufrir violencia de género.

El protocolo aplicará las pautas de actuación para la prevención, detección, atención y derivación así como para la protección de casos de Violencia de género en los centros de personas adultas y servicios dependientes de las entidades ASPACE de Andalucía como instrumento dirigido a las personas profesionales

Se publicará a finales de este 2022 y podréis verlo publicado tanto en la web de ASPACE como en sus perfiles de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.