CERMI Andalucía advierte del cierre de los centros de atención infantil temprana por la baja cuantía fijada por la Junta para su sostenimiento

Las entidades del movimiento asociativo de personas con discapacidad, que llevan más de 20 años prestando esta atención, consideran que los precios fijados en la nueva licitación de Atención no cubren los costes reales y actuales y merman la calidad de este servicio

Sevilla, 2 de octubre de 2024
 
CERMI Andalucía ha advertido del cierre de los centros de atención infantil temprana debido a la baja cuantía fijada por la Junta de Andalucía, que hace inviable la prestación de estos servicios fundamentales para los menores y sus familias tras la aprobación por parte del Gobierno del presupuesto para la licitación de estos servicios que ha aumentado en cuanto a las horas que salen a concurso, pero sin subir el precio por sesión que se mantiene como en el año 2020.
​
El movimiento asociativo de la discapacidad andaluza ha insistido en la urgente necesidad de adecuar el precio hora del servicio a los costes reales actuales en las reuniones mantenidas con los responsables técnicos y políticos de la Consejería de Salud y Consumo, por lo que alerta del cierre de estos centros al ser inviable su sostenimiento, además de provocar una merma en su calidad.
clic aquí para editar.

Asimismo, exige a la Junta que adecúe el precio hora del servicio a los costes reales, ya que para la determinación del precio de 28 euros sesión de la licitación del año 2020 se tuvieron en cuenta los distintos perfiles técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos y las tarifas a aplicar a cada perfil con las tablas salariales de los años 2019 al 2021 y las actuales, que son mucho más altas.  Por tanto, la subida de las tablas salariales de los años 2022 al 2024 y las previstas para el 2025 no pueden ser ajenas a una nueva licitación que referencia los costes salariales al convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

Según CERMI Andalucía, con estas cantidades fijadas por la Administración es imposible asumir todos los gastos que comprenden la dotación de espacio, medios materiales y servicio de los profesionales especialistas que se dedican a la atención de los menores y a sus familias en su tratamiento, ofreciéndole apoyo y seguimiento, así como los gastos administrativos y de otro tipo derivados del servicio.

La cuantía fijada por la Junta para las próximas licitaciones es la misma que hace cuatro años cuando en este tiempo han subido todos los gastos y suministros por el IPC y también las retribuciones de los profesionales con la mejora de sus convenios, por lo que las entidades ponen de relieve la urgente necesidad de adecuar el precio hora del servicio a los costes reales actuales.

Además, se alerta de que con estos precios las entidades del movimiento asociativo de personas con discapacidad no podrán seguir prestando el servicio, lo que supondrá que tendrán que renunciar a concurrir en las próximas licitaciones y provocará el cierre de los centros y que miles de familias y sus menores con trastornos se queden desatendidas.

Según las entidades, no tener en cuenta estos aumentos de costes en la nueva licitación hace evidente que los costes de prestación de servicio serán inviables para la prestación de un servicio de calidad que respete las obligaciones de los licitadores. A su juicio, debería existir en el pliego de estas licitaciones una cláusula de revisión y actualización de estos precios para adecuarlos a su coste real.

CERMI Andalucía ha mostrado su respaldo a l nueva Ley de Atención Temprana que refuerza un derecho subjetivo de los menores, pero licitaciones como la que se va a publicar imposibilita la prestación del servicio por entidades de personas con discapacidad que vienen prestándolo desde hace más de 20 años con gran profesionalidad y calidad y cuyo papel está reconocido en la propia norma.
​
Por último, se considera que tampoco se han tenido en cuenta los resultados de las jornadas participativas de para la elaboración del Plan Integral de Atención Temprana (PIAT 2024-2028) donde recurrentemente salió la necesidad de revisar los precios de la prestación para garantizar la calidad de los mismos y evitar el intrusismo profesional.