Documento elaborado a lo largo de diciembre de 2023, en el marco del trabajo de la comisión de mujeres para preparar la participación de CERMI Andalucía en el Parlamento de las Mujeres con Discapacidad, organizado por Fundación CERMI Mujeres, el 1 de marzo de 2024. Señorías, compañeras, amigas: Los retos que nos atañen son numerosos y complejos, pero, no por ello, inalcanzables. Para ceñirme al tiempo, me permito nombrar solo algunos de los que, desde CERMI Andalucía, consideramos de envergadura y que se resumen en uno: El acceso y ejercicio de los derechos vinculados a grandes pilares de nuestra sociedad, a saber: educación, salud, cuidados y bienestar, en condiciones de equidad. Equidad, que no es lo mismo que igualdad. La igualdad es el mismo trato para todas las personas, la equidad es el trato justo, en función de las situaciones de partida, las circunstancias, condicionantes, potencialidades de cada quien. La equidad para nosotras, las niñas y mujeres con discapacidad, es un enfoque clave para garantizar nuestra plena ciudadanía, que implica establecer los mecanismos que sean necesarios para corregir las desventajas que nos acompañan.
Así, este país tiene el reto de garantizar la equidad en la educación, a lo largo de toda la vida. La educación inclusiva y con enfoque de género ha de desarrollarse en condiciones de calidad y mejora permanente y extenderse más allá de la etapa de escolarización obligatoria, poniendo en práctica medidas concretas que impulsen a las niñas y mujeres con discapacidad hacia el diseño de proyectos de vida autónomos basados en una formación sólida y coherente con las demandas de nuestra sociedad. En el ámbito de la salud, el reto está en superar la visión que aún se tiene de nosotras como personas enfermas, lo que dificulta que se atienda adecuadamente nuestros problemas reales de salud, que quedan ignorados tras la discapacidad. Tenemos el reto de lograr que, como niñas y mujeres, podamos desarrollar y disfrutar nuestros procesos sexuales y reproductivos, también en equidad. La salud sexual y la salud reproductiva, como derecho está lejos de ser equitativo. Sin ir más lejos, el parto no cuenta con una prestación por incapacidad temporal, a pesar de lo demostrado de la necesidad que tienen las madres puérperas de ser cuidadas en esos momentos. Ni siquiera cuando se producen cirugías mayores, como cesáreas, se cuenta con una incapacidad temporal. En el caso de las mujeres con discapacidad, que en muchos casos finalizan su parto con cesáreas, la falta de medidas de protección social es evidente. En cuanto a los cuidados vinculados a la crianza, la apuesta por la equidad requiere permisos más amplios para las madres, permisos transferibles que garanticen la atención prioritaria a las necesidades de cuidados que tienen nuestras criaturas y que permitan a cada familia organizarse como mejor les convenga para dar respuesta a esas necesidades. Necesitamos prestaciones universales remuneradas por maternidad. Muchas madres con discapacidad no tienen acceso a permisos de maternidad remunerados porque se encuentran en situación de inactividad o desempleo sin prestaciones, o en situación irregular, multiplicándose así los factores de desigualdad y exclusión. Una prestación universal por maternidad y otra, también universal, por cada hija/o a cargo contribuirían a corregir muchas desigualdades que nos afectan a las mujeres con discapacidad en el ejercicio de nuestras maternidades y crianzas, ya que reducirían la pobreza que caracteriza a nuestro colectivo y apoyaría la natalidad y los cuidados de la infancia, que presenta en nuestro país altos índices de pobreza. Un reto mayor, el de un sistema de bienestar que de verdad compense las desigualdades estructurales de nuestra sociedad que no hacen más que ampliarse con la tecnificación y automatización de los sistemas de producción. El reto de hacer realidad una renta básica universal, digna y suficiente daría seguridad económica y, por lo tanto, mayor autonomía en la toma de decisiones a las mujeres con discapacidad. Les pongo un ejemplo: una mujer con autonomía y suficiencia económica tiene muchas más posibilidades de salir, antes y mejor, del círculo de la violencia de género, ahorrando múltiples costes al Estado. Hablo de los costes económicos (y también sociales) de las desigualdades. Hagan cuentas de lo que supone para las arcas del estado actuar contra las consecuencias derivadas, principalmente, de las desigualdades socioeconómicas o de clase: la lucha contra las violencias machistas, la lucha contra las violencias hacia la infancia, el abandono de nuestras y nuestros mayores, los arrancamientos de niñas y niños de sus madres, los sistemas de acogida y alojamiento de personas sin hogar, la atención a los problemas de salud, incluyendo la salud mental, los índices de fracaso y abandono escolar, las violencias callejeras, y un largo etcétera. Es hora de asumir el reto de mirar las desigualdades de forma profunda, más allá de sus riesgos en términos de crecimiento económico de los países y apostar por una sociedad de la equidad, repensando y reestructurando nuestro sistema de recaudación de una forma justa y sostenible, donde las niñas y mujeres con discapacidad seamos, por fin, ciudadanas de primera. Desde la comisión de mujeres con discapacidad de CERMI Andalucía nos preguntamos cuál será el día en que nos reunamos de nuevo en el Senado o en el Congreso para celebrar las conquistas alcanzadas tras los retos superados. Confiamos en que, con el esfuerzo de todas y todos, ese día llegue muy pronto. Nada para las mujeres con discapacidad sin las mujeres con discapacidad.
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