Ana Vanessa García: "El impulso de la inclusión debe ser desde un punto de vista integral y en todos los ámbitos"

Ana Vanessa García es la nueva secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, un cargo al que llega cargada de ilusión y después de una dilatada trayectoria política en el Parlamento andaluz. Esta arquitecta granadina afronta en esta legislatura, tal vez, el proyecto más importante de su vida al tener la responsabilidad de diseñar e impulsar las políticas más sensibles y necesarias para la ciudadanía andaluza más vulnerable, como son las personas con discapacidad.
 
¿Cómo valora y qué balance hace de su llegada a la secretaría general?

Mi llegada a la Secretaría General de Inclusión Social ha sido más que ilusionante. Se trata de una materia muy amplia pero llena de proyectos para mejorar la vida de los andaluces y sobre todo de los más vulnerables. En poco tiempo estamos intentando hacer muchas cosas para que ese empuje de todos los profesionales se vea en el día a día de los ciudadanos. Estar al frente de la secretaría general supone abarcar muchos temas relevantes, como la gestión de subvenciones, por ejemplo, o la coordinación de otros departamentos o direcciones generales como la de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, la Dirección General de Dependencia, la Dirección General de Personas con Discapacidad y la Dirección General de Políticas Migratorias. Como dice nuestra consejera, Loles López, esta es la Consejería de las personas y hay que intentar ser eficaces, resolutivos y ágiles para que las personas más vulnerables sientan que la administración da respuesta a sus necesidades.

¿Cuáles son los principales retos en esta legislatura?

Esta legislatura va a estar cargada de proyectos y eso conlleva un plus de responsabilidad, pero también de emoción importante. Desde el Gobierno de Juanma Moreno estamos convencidos de la necesidad de simplificar y agilizar los trámites para que la burocracia no entorpezca el acceso y llegada de los recursos a los ciudadanos. Por ello, estamos inmersos en la simplificación de procedimientos como el de reconocimiento de la Dependencia o el de reconocimiento del grado de discapacidad. Por otra parte, también estamos desarrollando y actualizando normativa relacionada tanto con las características de los servicios como las de los propios centros de servicios sociales.
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¿Cómo valora la situación actual del mundo de la discapacidad en Andalucía?

Las personas con discapacidad tienen un perfil muy heterogéneo y necesidades muy diversas. Se trata de dar una respuesta específica y personalizada a cada caso. Creemos que es importante dejar de pensar en las personas con discapacidad solo desde una perspectiva asistencialista. Muchas de estas personas trabajan y luchan día a día por su autonomía y por ello, la inclusión debe ser desde un punto de vista integral, es decir, en el ámbito social, laboral, educativo, etc. En este punto, consideramos fundamental mejorar la accesibilidad para que ésta sea universal. Están las barreras arquitectónicas, que por supuesto, hay que seguir eliminando, pero también hay que tener presente, por ejemplo, la accesibilidad cognitiva. La cartelería, los textos, la tecnología y contar con pictogramas para que todas las personas puedan entenderlos. No solo tienen que ser accesibles los edificios o los transportes, también deben serlo las administraciones y los servicios. Desde la Consejería estamos convencidos de que solo siendo conscientes de la diversidad y de las distintas especificidades podremos lograr una Andalucía más inclusiva. Y, por supuesto, poner en valor el potencial, el talento, y las capacidades de estos andaluces. Dotar de recursos y acompañar a estas personas, sus cuidadores y familias es clave para nuestra Consejería.

El presidente Juanma Moreno ha abierto en la pasada legislatura una puerta al diálogo permanente y directo con CERMI Andalucía y todas sus entidades ¿Cómo ve esta interlocución y la necesidad de mantenerla y profundizar en ella para lograr más avances para este colectivo?

El diálogo es clave. No podemos avanzar sin tener en cuenta a las entidades y asociaciones que representan a las personas con discapacidad. Ellos mejor que nadie conocen sus necesidades y cómo mejorar. No tendría sentido desaprovechar la fuerza transformadora y el impulso de estas entidades. El gobierno de Juanma Moreno está abierto y mantiene una escucha activa con entidades como Cermi y otras muchas entidades porque el tercer sector llega a donde no puede la administración. Aprender de los que más saben es una máxima para nosotros. De hecho, en el Parlamento se ha creado la comisión de Personas con Discapacidad porque hay que visibilizar, escuchar y actuar ante sus demandas. Nuestro reto es, tras la escucha, pasar a la acción y poner en marcha todas las medidas posibles para ser efectivos. Recordemos que el presidente, como muestra de su compromiso con las personas con discapacidad, garantizó que la Junta reservará el 5 por ciento de la contratación administrativa con centros especiales de empleo. Entre otras medidas, se encuentra por ejemplo las subvenciones en materia de accesibilidad en el marco del Plan Andalucía + Accesible por valor de ocho millones de euros para ayuntamientos y entidades locales para la eliminación de barreras arquitectónicas.
 
Las entidades de la discapacidad reclaman una mejora en la financiación para garantizar la sosteniblidad de los servicios que prestan a estas personas, ¿cómo ve las posibilidades de que sea atendida esta demanda?

La situación de crisis que estamos viviendo debida a la pandemia y al aumento de los precios especialmente de la energía y la cesta de la compra, está haciendo que todas las entidades, también las de personas con discapacidad, que prestan servicios sociales y que ya estaban al límite porque los últimos gobiernos socialistas de la Junta les congelaron el precio de las plazas concertadas durante 6 años, lo estén pasando realmente mal. Ya se hizo un gran esfuerzo en 2021, firmando un acuerdo con CERMI, que permitió subir el precio de las plazas públicas durante tres años seguidos, hasta 2023. No obstante, desde la Consejería somos conscientes de estas dificultades y estamos tratando de poner sobre la mesa nuevas soluciones que alivien esta situación y nos permitan, a entidades y administración, seguir prestando unos servicios sociales de calidad. Ese es uno de los objetivos que nos hemos planteado y que estamos trabajando en las reuniones mensuales que mantenemos con el sector de la discapacidad.

El abordaje de la discapacidad es complejo, muchos asuntos exceden a las competencias de su Consejería con cuestiones como pueden ser el empleo, la educación o la atención sanitaria. ¿Cómo debe abordarse? ¿Es necesario un enfoque transversal?

Por supuesto, es importante que el ciudadano sepa que el Gobierno andaluz tiene ese planteamiento muy en cuenta. Una persona no se limita a un ámbito u otro, tenga o no discapacidad. Necesita, que la respuesta que su inclusión sea desde el punto de vista educativo, profesional y laboral, sanitario, social, hasta lúdico, si me lo permites. Sus facetas no deben verse mermadas, tienen derechos y hay que protegerlos. Su autonomía, su participación en la sociedad, sus opiniones, desvelos, han de tener cabida y deben ser acogidos con toda nuestra atención y sensibilidad. Es por eso, que desde la Consejería estamos en permanente contacto con los compañeros de otras áreas del gobierno para dar respuestas más rápidas y coordinadas.

Por último, cómo ve el futuro para las personas con discapacidad, ¿vislumbra en el horizonte una Andalucía inclusiva, accesible e igualitaria?

La sociedad ya ha avanzado mucho en este sentido. No obstante, hay que seguir sensibilizando, concienciando, y trabajando para conseguir que la igualdad sea real, tangible, y accesible. La atención a la discapacidad, a la diversidad que conlleva es todo un desafío pero la integración forma parte de nuestra acción política. La cooperación entre administraciones, con el tercer sector, y con los colectivos servirán de impulso y palanca para ir subiendo peldaños y garantizar que las personas con discapacidad y sus familias puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones.