Jesús Martín Blanco: “El único abordaje de la discapacidad es desde los derechos y libertades”

Jesús Martín Blanco es desde principios de mayo el nuevo director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España, un activista incansable del movimiento de la discapacidad con más de 20 años de trayectoria que ha dado el salto de la trinchera reivindicativa al mundo de la gestión pública, en la que cree firmemente para avanzar y transformar las cosas.  Este cacereño de Eljas, en la Sierra de Gata, ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en CERMI y es un firme defensor de los derechos humanos, cuyo cumplimiento considera clave para abordar el mundo de la discapacidad, apostando por su reflejo en las leyes para asegurar así su efectividad.
1.- ¿Cómo afrontas tu nueva etapa al frente de esta responsabilidad política?
Pues con ilusión, pasión y dedicación, he hecho un tránsito del activismo al servicio público con la determinación de seguir contribuyendo a la causa de mi vida y de nuestras vidas, que no es otra que la discapacidad. Soy un firme defensor de lo público, porque a mi juicio es la mejor herramienta de equidad, en la que los derechos se convierten en una realidad tangible que se siente, se toca y se respira. Y tengo que decir que España cuenta con un equipo de mujeres y hombres funcionarios comprometidos y que son una red humana de conocimiento y de generosidad a los que quiero reconocer su contribución para que los derechos humanos sean la norma, y no la excepción, sean la meta y no el anhelo. Estoy convencido que juntos y como hemos hecho tantas veces transformaremos esas esperanzas tantas veces frustradas en derechos.
Pero también asumo mi tarea con una firme determinación feminista, porque España tiene una deuda con todas las mujeres de este país. Si al machismo le sumamos el capacitismo como intersección opresora, configuramos un binomio perturbador y lacerante para las mujeres y niñas con discapacidad. El capacitismo no es un “palabro” inventado, sino que se trata de un sistema de valores reconocido por Naciones Unidas que considera que determinadas características típicas del cuerpo y la mente son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida, para una inexistencia en el derecho porque todo lo que no cumple esos estándares corporales, mentales, intelectuales o sensoriales se queda en los márgenes.
Debe estar, por tanto, en el núcleo de este centro directivo contribuir a liberar a mujeres, madres y cuidadoras de las cultura machista y patriarcal. Las mujeres y las niñas con discapacidad tienen nombre propio en esta Dirección General, y tienen su espacio propio en la Ley sin que nadie tenga que otorgarles ese privilegio, porque ese lugar es suyo y por derecho.
2.- ¿Cuáles son los principales retos y objetivos que te planteas como director?
En este Ministerio entendemos que para abordar cualquier acción de gobierno sobre discapacidad se tiene que hablar de manera indisoluble de personas y de derechos. Y eso lo hemos constatado en el nuevo nombre de la dirección general en el que figuran los términos derechos y personas, porque las palabras generan pensamiento y deben ser elemento inspirador y tractor de esta nueva etapa, por eso trabajaré por materializar la justicia social en nuestras vidas, a través de la mejor fórmula que es fijando los derechos en las leyes y, si me permites, para pasar de la abstracción a lo concreto, te diré que quiero que se reconozca en esta etapa en los siguientes principios que pivotarán las actuaciones de mi departamento.
Como, por ejemplo, la Convención de la Discapacidad, que estos tres años de defensa de este tratado me han servido para saber que no tenemos que inventar la rueda, lo que tenemos que hacer es ponerla en movimiento. En términos jurídicos aterrizarla en nuestras vidas y las de nuestras familias, para ello esta Dirección general tiene que hacer entender al Estado que el único abordaje de la discapacidad es desde los derechos humanos, y así se lo he trasmitido a las compañeras y compañeros del Ministerio. Solo de esta manera logaremos borrar el paisaje de discriminación por el que transitamos las personas con discapacidad.
La persona en el epicentro de todo, ya que es el momento de la autoderminación de las personas, no podemos dilatar más un mandato que emana precisamente de nuestra Convención. Y esto debe ser entendido en el marco de nuestra dignidad inherente, porque cuando se respeta la dignidad de las personas con discapacidad se valoran nuestras experiencias y opiniones, las cuales pueden ser conformadas sin temor de perjuicios físicos, psicológicos o emocionales. La autonomía individual significa estar a cargo de la propia vida y tener la libertad de tomar las propias decisiones, y en esto pondré todo mi tesón, pasión y política para que se cumpla.
Pero también quiero subrayar que este proceso no se entiende sin las familias que han realizado una contribución silenciosa pero encomiable de mi país, para que hoy las personas con discapacidad tengamos nombre propio. Porque son las primeras que creyeron en nuestras capacidades, cuando ni siquiera nosotros lo hacíamos, cuando la historia nos lo negaba. Aquella rebelión de amor o esta revolución de respeto, que diría Fernández los Ríos, ha hecho posible que hoy conceptos como ciudadanía, inclusión o convivencia dejen de ser abstractos y pasen a concretarse hasta el punto que incluso podemos disfrutarlos en toda su extensión.
Y por supuesto el diálogo civil, ya que no concibo otra manera de entender una responsabilidad pública si no es de la mano de la sociedad civil. En mi trayectoria como activista en movimiento CERMI he constatado que el diálogo civil es un instrumento para una nueva gobernanza perfeccionada, donde la toma de decisiones se comparte y se hace corresponsable. En esta Dirección general se afrontan todas las políticas públicas sociales, de igualdad o de inclusión desde la permeabilidad y cooperación con todos los interlocutores de la discapacidad como principio.
En España y en Andalucía contamos con el CERMI que es, sin duda, un capital para este país y lo es porque las democracias necesitan de agentes críticos y propositivos cuya contribución hace, como reza la Agenda 2030, que nadie quede atrás. En este sentido, no concibo otra manera desarrollar esta labor en el Gobierno si no es de la mano de la sociedad civil organizada. El CERMI ha sabido transformar esa respuesta social para que el diagnóstico deje de colonizar nuestras vidas, porque antes solo éramos “ciegos”, “sordos” u otros calificativos que me niego a nombrar porque duelen, para que un adjetivo deje de definirnos así y oculte lo verdaderamente importante, que es la propia persona con dignidad y derechos.
3. ¿Cómo ves los últimos avances en el fin de la incapacitación judicial para las personas con discapacidad y de los términos peyorativos referente a las personas con discapacidad?
Eran reformas perentorias e inaplazables, pues resultaba insostenible tener a compatriotas sin tener voz en el tráfico jurídico, o lo que es lo mismo desdibujados en la ley por razón de discapacidad. La reforma de la legislación civil para acomodarla a la Convención de la Discapacidad tiene que ver con que se nos pregunte dónde y cómo queremos vivir o que no se nos someta a tratamientos ni a internamientos sin nuestro consentimiento, y todas ellas parten de lo mismo de reconocer que las personas con discapacidad somos titulares de todos los derechos humanos. Con esta reforma confiamos que la vida jurídica, que no deja de formar parte de la vida en comunidad, se haga más respirable, más saludable y más cómoda para las personas con discapacidad.
No podemos olvidar, que los derechos humanos suelen ser incómodos y generan resistencias porque democratizan el poder, ocurrió con el sufragio femenino y esas mismas cautelas nos las impuso alguien ajeno a las propias personas con discapacidad para restringir el derecho civil y político a votar.
Los derechos humanos son una meta inaplazable que no admite excusas. Este compromiso lo hemos fijado al máximo nivel normativo: en la Constitución Española ya que la nueva carta magna hace cambio de terminología, de la palabra “disminuido”, que no solo está superada en el tiempo, sino que es percibida y sentida por las personas con discapacidad y sus familias como ofensiva e hiriente, consagrando constitucionalmente la expresión “personas con discapacidad”, como corresponde según los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por España. Pero esta reforma va mucho más allá, pues el nuevo artículo tendrá una redacción completamente renovada, que entiende y asume la discapacidad desde un enfoque exigente de derechos.
4. ¿Crees que hay ideologías y diferentes formas de plantear la lucha por la discapacidad o es algo con un abordaje sin apenas distinciones entre los diferentes partidos?
Esta pregunta se responde desde las obligaciones que tenemos como Estado para cumplir la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y cuando hablo de Estado hablo de todos los niveles de la administración, pero también de las empresas, la sociedad civil o los agentes sociales. Este tratado nos compele a todas y a todos, porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y nos dice sin ambages que las personas con discapacidad somos titulares de derechos humanos, nos recuerda que el único abordaje de la discapacidad es desde los derechos y las libertades fundamentales.
Y esto debemos conectarlo con la dignidad humana, precisamente porque la dignidad es humanidad, por lo que corresponde a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción, de manera que pueda entenderse como el derecho de todo ser humano a tener derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es decir, todo ser humano tiene dignidad y no opera por tanto una desigualad de dignidad por cuanto implicaría desigualdad de humanidad, y precisamente son los derechos humanos los que enuncian qué desigualdades lesionan la dignidad y deshumanizan a la persona.
Por eso en este Ministerio queremos que el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad sean derechos, es decir que se fijen en las leyes, porque coincidiréis conmigo, que es la mejor fórmula de asegurar su efectividad. Las necesidades de la gente cobran valor en la Ley, y sobre todo aseguramos que se puedan ir a la justicia a buscar reparación en caso de incumplimiento. En este Ministerio la diversidad humana se celebra y no se castiga.
Y como es una cuestión nuclear para nuestra plena ciudanía y un asunto de Estado, tiene que estar residenciado en la Ley más importante de nuestro país, que es la Constitución, para que nadie tenga la tentación de decir ni hacer lo contrario.
Como digo, el reto no es otro que la sociedad nos vea, nos asuma y nos respete como titulares de todos los derechos humanos y éste es presupuesto para que la Convención se entienda y se aplique en toda su extensión. Abriremos las ventanas y las puertas para que la igualdad transformadora entre sin pedir permiso, me refiero a esa igualdad que cuestiona la visión hegemónica en la que persiste el tratamiento diferenciado por motivos de discapacidad y que contribuirá a erradicar las formas sistémicas y más ocultas de discriminación. Solo de esta manera dejaremos de ser especiales y seremos solamente personas.
Pero me empeñaré muy mucho en que la accesibilidad trascienda a los ámbitos en los que tradicionalmente se ubica como puedan ser el urbanístico, transportes, audiovisual, etc. y se proyecte como contenido esencial de los derechos. Es decir, consideramos los derechos humanos como instrumentos que protegen o facilitan bienes para el desarrollo de una vida humana digna. Parece estar fuera de toda duda que un requisito imprescindible para la satisfacción de ese derecho es que ese bien sea accesible. Sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho y ésta es la concepción de la accesibilidad que se aplicará en este Ministerio.
5.- ¿Cómo ves la cogobernanza en materia de discapacidad en el actual estado descentralizado del mapa autonómico?
Estaremos muy cerca de las comunidades autónomas, responsables constitucionalmente de descender la política social a la propia cotidianidad. La discapacidad es un elemento de cohesión y me atrevería a decir un elemento vertebrador de nuestro Estado, así que tenemos que aprovechar esta fortaleza para caminar juntos hacia la ciudadanía plena.
En este sentido, me estoy reuniendo con todas las directoras y directores generales con competencias en discapacidad para fortalecer la cooperación territorial, para ir de la mano, porque aunando esfuerzos y recursos haremos verdaderamente mejora de país. Y quiero subrayar que la primera reunión fue con el director de personas con discapacidad de la Junta de Andalucía, quien me manifestó su disposición de colaborar, de construir inclusión desde Andalucía y con Andalucía
Pero en este diálogo entre administraciones debemos mirar y estar con la España de los pueblos, de las aldeas y de los campos donde también viven personas con discapacidad y a las que este Gobierno va a acompañar. Son vidas que hay que subrayar, ya que en sociedades fundamentalmente urbanas tienden a pasar discretamente omitidas, por eso me comprometo con las administraciones territoriales a contribuir a que las políticas públicas sobre reto demográfico se tiñan de inclusión.
5.- ¿Cómo valoras el impacto y los posibles beneficios en el mundo de la discapacidad de los futuros fondos europeos que llegarán para la recuperación de la crisis covid?
Creo en Europa, pero en la Europa de las personas y en esta línea, dentro del marco del Plan de Transformación y Resiliencia vamos a poner en marcha el programa ‘España País Accesible’, con un importante presupuesto orientado a transformar de raíz nuestro paisaje, para que sea practicable a todas las personas sin excepciones. Estos fondos se destinarán a cumplir la Ley, a reparar y a ensanchar derechos, en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la justicia, la educación, la salud o la cultura. En definitiva, queremos que la accesibilidad deje de ser esa Ítaca lejana y sea una realidad que se toca y se respira.
Además, este programa tendrá un impacto en la empleabilidad de las personas con discapacidad porque se trata de dinero público y debemos ser exigentes con el cumplimiento legal y con la responsabilidad de estado de mejorar las tasas de actividad de nuestro colectivo y de otros grupos en situación de desempleo o precariedad laboral. Daremos ejemplo con hechos para que en la reconstrucción de Europa estén todas las manos y para que el progreso de España lo podamos medir también en clave de derechos sociales.