Rocío Ruiz: "Hemos hecho una revolución social cambiando el modelo asistencialista por otro con un enfoque de garantía de derechos"

Rocío Ruiz ha gestionado durante la pasada legislatura las políticas en materia de discapacidad en el Gobierno andaluz al frente de la Consejería de Iguladad, Políticas Sociales y Conciliación. Con ella echamos la mirada atrás para analizar los tres años y medios de su gestión, los avances, las necesidades y los retos por conquistar para el mundo de la discapacidad.
1-¿Qué balance hace de la legislatura en materia de discapacidad?
En Andalucía, hemos emprendido una auténtica revolución social con el cambio de modelo de atención para poner a las personas en el centro de la acción política. Pero este compromiso de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por mantener y fortalecer las políticas sociales no es solo una cuestión de justicia, sino también una apuesta por una economía responsable y solidaria y por el empleo.
En el balance, podríamos hablar de muchas medidas, pero algunas de ellas sobresalen entre las demás. Como la aprobación del III Plan Integral de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, para que toda la Administración de la Junta de Andalucía contribuya a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. O el incremento sin precedentes del número de plazas para discapacidad, 1.020 en total. A las que se suman 1.065 en el caso de las personas mayores y que hacen 2.168 en una sola legislatura. Y, por supuesto, la aprobación en el Parlamento de la Ley de Perros de Asistencia.
También, podemos hablar de la Guía de buenas prácticas para señalización accesible, las subvenciones a los ayuntamientos para la eliminación de barreras, el estudio sobre el sistema universitario, la Guía de valoración en el caso de las enfermedades raras, la mejora de la atención en los centros de valoración y las campañas de sensibilización. Así como los grandes proyectos que hemos diseñado para los fondos Next Generation: la modernización del centro Zaytum de Linares, la valoración telemática de la discapacidad, el conversor de documentos a lenguaje claro o la innovación de tecnologías avanzadas para personas con discapacidad.
2-¿Cómo valora el movimiento asociativo de la discapacidad de CERMI, su labor y la interlocución y su nivel de participación?En general, el movimiento asociativo del ámbito de la discapacidad es fuerte en Andalucía, está consolidado y realiza una labor muy necesaria. Son nuestros aliados y socias necesarias en el objetivo de mejorar la vida de estas personas.
En concreto, la labor que desarrolla CERMI y lo que ha conseguido en tantos años demuestra todo esto. Por ello, es tan importante el acuerdo que alcanzamos garantizando la sostenibilidad del sector tras los duros momentos vividos a causa de la crisis social y económica motivada por la pandemia del coronavirus. El incremento del precio del coste plaza un 2,6% blindaba la supervivencia de un modelo de atención imprescindible para una Andalucía igualitaria. Por fin, el sector de la discapacidad vio reconocidas unas demandas históricas como la reducción del copago que soportan las familias, la regulación de los días de vacaciones o las mejoras legales para optimizar la gestión por parte de las entidades. Demandas planteadas hace más de una década pero que no ha sido hasta ahora cuando se ha conseguido desbloquear gracias a la voluntad constante de diálogo y la política de mano tendida del Gobierno andaluz, que demuestran la especial sensibilidad hacia el sector de la discapacidad.
Además, este pasado 7 de junio, el Consejo de Gobierno autorizó los expedientes de gasto derivados de la revisión de los costes máximos de las plazas concertadas con los centros que atienden a las personas en situación de dependencia. En concreto, ha aprobado la propuesta de la Consejería de Igualdad para aplicar una subida porcentual del 6% de las plazas de atención residencial, centros de día y ocupacional para personas con discapacidad. Estas subidas tienen carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2022 y su objetivo es garantizar la atención a las personas beneficiarias en situación de dependencia, asegurando la calidad de los servicios, el sostenimiento de las entidades prestadoras y, en consecuencia, el mantenimiento del empleo del sector. En total, estamos hablando de 609 centros residenciales y de día concertados en el área de la discapacidad que, con 16.000 plazas concertadas, dan empleo a más de 8.000 personas.
3. En el ámbito de avances legislativos en discapacidad, ¿cómo ha visto legislatura?
No han sido muchas las leyes que han llegado al Parlamento y, sin embargo, una de ellas ha sido promovida por esta Consejería en relación con las personas con discapacidad. Aprobamos por unanimidad la Ley por la que se regulan los perros de asistencia, una norma reformista y pionera que incluye entre sus personas beneficiarias a aquellas con otras discapacidades además de la visual. Y, todo ello, con la participación de todos los grupos parlamentarios en la fase de comparecencias y enmiendas, que permitió enriquecer el texto. De esta forma, hemos favorecido la accesibilidad y movilidad de estas personas con el objetivo de que puedan vivir de manera independiente.
Por otra parte, ha habido otros muchos avances normativos como la modificación de las bases reguladoras de las líneas de subvenciones para personas con discapacidad y entidades sin ánimo de lucro, el nuevo Decreto de acreditación de centros de discapacidad y su orden de requisitos materiales y funcionales, el Decreto de organización y funcionamiento de los centros de valoración y algo muy destacable como es el III Plan de Atención Integral a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
4. Qué cosas le han quedado por hacer y cuáles son los retos por afrontar en materia de discapacidad.
A pesar de que son muchas las medidas llevadas a cabo, tenemos muchos proyectos aún que desarrollar, tanto de menor como de mayor calado. Después del diagnóstico que hicimos a los centros de valoración y las mejoras introducidas, queda prevista una nueva rotulación y señalización integral y accesible. Por otra parte, por la convocatoria de elecciones, ha quedado pendiente de ultimar la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley que modifica el artículo 50.3 de la Ley de los Derechos y Atención a las personas con discapacidad para que las gasolineras desatendidas garanticen el acceso a este servicio por parte de las personas con discapacidad y que también modifica el régimen sancionador de las tarjetas de aparcamiento para sancionar económicamente a la persona infractora y no a la titular.
El Decreto de la asistencia personal ha iniciado su tramitación normativa pero se ha quedado en la fase para recabar los informes preceptivos que tienen que acompañar a la norma. También se ha iniciado, en colaboración con el IAM, la formulación del Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad, que tendrá que continuar con el diagnóstico de la situación y los objetivos.
Por último, en el marco de un proyecto aprobado para los fondos Next Generation para el aprovechamiento de infraestructuras según el mapa de necesidades de concertación de la ASSDA, se identificarán las zonas o áreas de Andalucía con déficit de plazas para cubrir la demanda de personas en situación de dependencia y se financiarán líneas de inversión y equipamiento a aquellos proyectos seleccionados.
5.- La discapacidad no es solo un asunto de políticas sociales. La transversalidad en las políticas y gestión es una de las claves para avanzar, ¿no cree?
Por supuesto. Yo suelo explicarlo de otra forma: es una cuestión de derechos. Es nuestro deber garantizar los derechos de las personas con discapacidad, que tienen mayores dificultades para acceder a la plena autonomía y participación social. Por ello, nuestro cambio de paradigma en este aspecto ha sido determinante para desarrollar unas políticas más efectivas y transversales como ha sido pasar del enfoque meramente asistencialista al de garantía de derechos.
En Andalucía, las familias han sido quienes han cuidado a las personas con discapacidad durante demasiado tiempo casi sin ayudas. Esto se puede llamar de muchas formas pero una de ellas es ‘injusticia social’.
6.- ¿Cree cercano un horizonte de plena igualdad e inclusión para estas personas?
Desgraciadamente, la igualdad es un camino lento porque, además de medidas de gestión eficientes como hemos llevado a cabo en esta legislatura, requiere un cambio en la conciencia social respecto a la imagen que se proyecta de las personas con discapacidad. Esto se une al hándicap que supone las grandes diferencias que existen entre los diferentes tipos de discapacidad y las diversas necesidades de estas personas. Por ello, además de medidas efectivas y para que este cambio sea real, es muy importante la sensibilización, comunicación y concienciación para que se normalice la situación de las personas con discapacidad y sus familias en todos los entornos, en los que tienen los mismos derechos que el resto de las personas.