El movimiento asociativo de la discapacidad considera inaceptable la subida de solo el 2,6% en el coste-plaza ya que hará insostenible mantener la actividad y servicios de estos centros, muy mermados por la crisis covid
 
(Sevilla, 25 de mayo de 2021)

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Andalucía) ha rechazado la subida de tan solo un 2,6% planteada por la Junta de Andalucía en la revisión del coste de las plazas en las residencias y centros de día que atienden a las personas con discapacidad en la comunidad, un incremento que ha considerado “insuficiente” para mantener su actividad y asegurar la viabilidad del sistema.  

El Cermi andaluz ha criticado a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por esta propuesta y le exige que rectifique ya que afecta directamente al mundo de la discapacidad y pone en riesgo los servicios fundamentales que las entidades prestan a través de estos centros a una gran parte de las más de 700.000 personas con discapacidad  en Andalucía.

La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, ha manifestado que “este aumento está muy lejos de la cobertura de las necesidades que tienen desde hace mucho tiempo las entidades que sostienen estos centros después de casi una década sin mejoras notables en el coste-plaza y tras un año durísimo por la crisis de la pandemia, que ha supuesto un esfuerzo económico suplementario para asumir en solitario y sin ayudas públicas los gastos extraordinarios provocados por el covid”.

Marta Castillo ha afirmado que “esta subida es intolerable y supone una amenaza para muchas de las entidades que padecen una asfixia financiera y un déficit de recursos que hacen que su situación sea insostenible y van a tener que cerrar, con el grave impacto que tendrá para las personas con discapacidad que se benefician actualmente de la atención y servicios que ofrecen estos centros”.  El coste de estas plazas llevaba desde 2012 sin ningún tipo de aumento y solo en 2019 se acometió una revisión que no alcanzaba tampoco a cubrir las necesidades de financiación de estos centros. 

La insuficiente subida ahora del coste de las plazas en estos centros ha sido planteada en la comisión de participación de la dependencia y la discapacidad de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que ha trasladado también su iniciativa de aumentar el número de plazas en estas residencias, con 400 más, un incremento que desde Cermi Andalucía se considera positivo pero a la vez inasumible, ya que les obligará a atender más necesidades con prácticamente los mismos recursos que son ya de por sí totalmente insuficientes, poniendo en riesgo su viabilidad y sostenimiento.
 

La presidenta, Marta Castillo, expone en el Parlamento las reivindicaciones del colectivo reclamando que el enfoque de la discapacidad sea transversal y un principio rector de la nueva norma
 
(Sevilla, 12 de mayo de 2021)
 
CERMI Andalucía apoya la nueva Ley de Infancia y Adolescencia que tramita el Parlamento andaluz que considera necesaria para reforzar la protección y apoyo a las personas más vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, aunque ha pedido una apuesta más firme u contundente con este colectivo por su alto grado de exclusión y desigualdad que le lleva a contar con menores oportunidades y con un mayor grado de empobrecimiento respecto a la población general.

Así lo expuso en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento andaluz la presidenta del CERMI andaluz, Marta Castillo, que subrayó que el enfoque de la discapacidad debe ser transversal y un principio rector de la nueva norma, además de plantear un mayor y más claro reflejo en la ley de la exigencia de la accesibilidad universal, junto a otras demandas prioritarias para las personas con discapacidad.
 
Marta Castillo compartió los principios de la perspectiva de género, la equidad, el interés superior del menor o la prioridad presupuestaria que recoge la ley, además de considerar muy positivo que en varios puntos del articulado se haga mención expresa a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

CERMI Andalucía reclama una mayor protección de los menores frente a la violencia y que se tenga en cuenta la discapacidad como factor de riesgo y exclusión. Por ello, debe garantizarse la formación permanente al personal sanitario, de la administración y de las entidades sociales para identificar y detectar señales y síntomas de cualquier forma de maltrato, abuso, negligencia y abandono con respecto a estas personas.

La discapacidad y el género son factores clave en la problemática de la violencia que en los menores provoca una mayor victimización y violencia, especialmente hacia las niñas y adolescentes. La incorporación de la perspectiva de género y discapacidad debe hacerse, por tanto, en todas las medidas relacionadas con la violencia hacia estas personas. 

Marta Castillo puso de relieve también que la educación pública está aún muy lejos de ser un modelo inclusivo y no sexista, ya que los menores con discapacidad no pueden ejercer el derecho a acudir al centro educativo más cercano al no contar con los recursos necesarios para atender sus necesidades específicas. Además, la brecha digital también les afecta sobremanera y este déficit ha de corregirse.

En cuanto a las prestaciones económicas para menores en régimen de acogimiento, ha de tenerse en cuenta que lo costes de vida de una persona con discapacidad es mayor y los gastos añadidos por razón de discapacidad que asumen las familias con alguna hija o hijo en esta circunstancia son un 30% más que los de las familias sin miembros con discapacidad, por lo que CERMI reivindica una cuantía superior para garantizar la igualdad de estas personas.  

Por último, en el ámbito de la cultura se reclama un nuevo diseño de espacios y recursos que tengan en cuenta el principio de accesibilidad universal y la perspectiva de género y de discapacidad para hacerlos más inclusivos e igualitarios.
 

La presidenta del CERMI andaluz, Marta Castillo, se reúne con la secretaria general de Familia y el director de Cuidados Sociosanitarios para abordar la mejora en la atención a las personas con discapacidad
 
 
(Sevilla, 11 de mayo de 2021)
 
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Andalucía) ha apoyado la iniciativa de la Consejería de Salud y Familias de destinar 7,5 millones de euros en ayudas a los centros de atención temprana infantil por la crisis Covid.

Estas ayudas van destinadas a las entidades que sostienen los servicios y actividades en estos centros con el objetivo de que puedan afrontar los gastos extraordinarios que han tenido que asumir a causa de la pandemia del coronavirus durante el último año, garantizando así su sostenibilidad en unos momentos muy difíciles.

La presidente del CERMI andaluz, Marta Castillo, ha aplaudido esta iniciativa de la Junta que ha considerado “una buena noticia y algo necesario para contribuir a sufragar los numerosos gastos que han tenido que afrontar estas entidades en solitario y con un enorme esfuerzo, tanto en recursos humanos como materiales”.

Según Marta Castillo, el objetivo es garantizar el mantenimiento de estos centros que son esenciales para seguir atendiendo a los menores con problemas del neurodesarrollo, mejorando su autonomía personal y fomentando la prevención de la dependencia en un entorno seguro.

Esta importante ayuda ha sido abordada en la reunión mantenida por la presidenta andaluza de CERMI, Marta Castillo, con la secretaria general de Familias de la Junta, Ana Mata, y el director general de Cuidados Sociosanitarios, José Repiso, en la que se analizaron otros temas también relacionados con el mundo de la discapacidad.

En este encuentro se trataron otras cuestiones importantes como el proceso de vacunación de las personas con discapacidad con el objetivo de seguir avanzando en la consecución de la inmunidad colectiva en estos centros para el mantenimiento de la funcionalidad de las personas con dependencia y de su socialización, tras un tiempo largo de aislamiento social que ha tenido repercusiones muy negativas para la salud y la calidad de vida de estas personas.

CERMI Andalucía y la Secretaría General de Familia y la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios han acordado seguir colaborando y trabajando estrechamente en un futuro en la búsqueda de soluciones a los problemas que sufren las personas con discapacidad y las entidades que las representan.
 
 

 
 
 
 
 
 
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La presidenta, Marta Castillo, reivindicó en el Parlamento andaluz una vivienda accesible, inclusiva y asequible en el acto conmemorativo del Día de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
 
(Sevilla, 6 de mayo de 2021)
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La presidenta del Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI Andalucía), Marta Castillo, reclamó que “las personas con discapacidad deben estar situadas en el epicentro de todas las decisiones y políticas que les afecten, reconociendo que es titular plena de sus derechos, lo que supone también una responsabilidad para las administraciones y el resto de la sociedad para hacer valer su aplicación y cumplimiento”.
 
Marta Castillo, junto a representantes de las entidades de CERMI Andalucía, participó este jueves en el Parlamento andaluz en el acto conmemorativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que leyó un manifiesto en el que se reivindicaba una vivienda inclusiva, accesible y asequible para este colectivo.
 
La presidenta del CERMI andaluz Marta Castillo aseguró que “nuestra inclusión y vida independiente pasa por disponer de una vivienda digna y adecuada, que es un bien social y personal necesario”. Además, hizo especial hincapié en garantizar la accesibilidad “para que nadie quede aislado o recluido en su vivienda, eliminando cualquier barrera arquitectónica, comunicacional y cognitiva”, precisó. 
 
Según Marta Castillo, “la vivienda es un presupuesto ineludible para conquistar la inclusión que comporta participar plenamente en la vida social, pudiendo por tanto elegir dónde, cómo y con quién vivir, sin imposiciones ni condicionantes y sin verse obligadas a habitar en entornos específicos y separados, al margen de la vida en comunidad”.
 
La presidenta andaluza del movimiento social de la discapacidad reclamó “la garantía por parte de los poderes públicos de hacer efectivo los derechos, inclusión y mejora de las condiciones de vida de las más de 700.000 personas con discapacidad de Andalucía a las que representamos”.
 
Al acto asistieron portavoces y diputados de todos los grupos políticos de la Cámara autonómica con su presidenta al frente, Marta Bosquet, que pidió en su intervención la unión de todas las instituciones y de la sociedad “para avanzar en la protección de la integridad física y moral de las personas con discapacidad y también en justicia e igualdad para superar las desigualdades que aún persisten”. Asimismo, añadió que “una sociedad realmente fuerte es la que no deja a nadie atrás y la que valora la diversidad como lo que es, una riqueza para construir un futuro mejor para todos”.
 

La presidenta, Marta Castillo, aplaude esta medida adoptada por la Consejería de Igualdad y reclama el cumplimiento del compromiso del presidente andaluz para incrementar el coste de estas plazas
 
(Sevilla, 3 de mayo de 2021)
 
CERMI Andalucía ha mostrado su respaldo a la decisión de la Junta de Andalucía de incrementar el número de plazas en los centros para las personas con discapacidad, que aumentará hasta en 300 más cuando inicialmente estaban previstas la creación de solo 150.

Estas 300 nuevas plazas se distribuirán entre los centros de día, residencias y centros ocupacionales destinados a atender a las personas con discapacidad de toda Andalucía. La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, valoró esta iniciativa y agradeció a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, el impulso de esta medida que supondrá una mejora en la atención a este colectivo.
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Marta Castillo participó este lunes en la Comisión de Participación en materia de concertación con centros de atención especializada para personas mayores y con discapacidad de la Consejería de Igualdad, donde se informó de esta subida de plazas y de las líneas de actuación respecto al concierto social para el año 2021.
 
Marta Castillo destacó la importante labor que desempeñan estos centros y servicios que prestan a las personas con discapacidad, por lo que aplaudió este incremento de plazas en estos centros en estos momentos difíciles por la crisis provocada por la pandemia. Además, el 90% de las plazas de atención a personas con discapacidad se realiza a través del concierto social en las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al movimiento asociativo CERMI.

Marta Castillo recordó la necesidad de cumplir el compromiso rotundo y firme adquirido por el presidente andaluz, Juanma Moreno, con CERMI Andalucía en su última reunión para incrementar de forma urgente el coste por plaza en estos centros para que las entidades puedan asumir con solvencia el mantenimiento de los servicios que prestan. A su juicio, “las entidades y esos centros son una extensión de la Administración para atender las necesidades de las personas con discapacidad en Andalucía, por lo que su justa financiación es imprescindible para el sostenimiento de sus servicios”.  

Según la presidenta andaluz de CERMI, “los centros y entidades que prestan estos servicios están sufriendo un déficit histórico que en un futuro inmediato puede comprometer su propia existencia y podrían desaparecer, ya que los precios concertados con la Junta no son suficientes para afrontar los gastos reales actuales de estos servicios”.

CERMI Andalucía sigue reclamando más financiación y recursos para las entidades que atienden en Andalucía a 700.000 personas con discapacidad, cuya sostenibilidad se ha visto agravada por la crisis de la pandemia. Este colectivo supone cerca del 10% de la población de la comunidad y para atención se cuenta con más de 32.000 profesionales y 1.500 voluntarios que les apoyan en su vida diaria. quí para editar.

El movimiento andaluz por la discapacidad se suma al manifiesto reivindicativo en el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
 
(Sevilla, 3 de mayo de 2021)
 
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) exige el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible, asequible e inclusiva como elemento esencial para una vida independiente y participativa. Esta es la principal reivindicación que la plataforma de la discapacidad resalta en el manifiesto con motivo de la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de mayo.
 
De la misma manera, reclama que la discapacidad ha de ser tenida “muy en cuenta” en la ordenación y aseguramiento del derecho a la vivienda, que, a su juicio, debe abordarse como parte de la legislación y las políticas públicas generales de vivienda. Y es que, tal y como se recalca en el manifiesto “toda persona tiene derecho a vivir en su domicilio con el soporte que precisa y perteneciendo y participando de su comunidad”.
 
De esta manera, el CERMI andaluz considera necesario llevar a cabo dos medidas “de calado”. Por un lado, la aprobación de una Ley General de Garantía del Derecho Social a la Vivienda, así como el aumento del parque público de vivienda, dedicando al menos el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a asegurar esta finalidad.
 
Además, hace especial hincapié en la accesibilidad universal, que “debe ser la norma que guíe los principios y actuaciones de las políticas públicas y normativas vinculadas a la vivienda, ya que, de lo contrario, se excluirá a las personas con discapacidad”. En este sentido, exige que se adapte el parque construido para garantizar que “ninguna persona quede aislada en su vivienda, recluida por ausencia de condiciones de accesibilidad y diseño universales”.
 
En relación a esto, desde el CERMI piden que se resuelvan “con urgencia” algunas demandas, entre las que se encuentra la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias para la comunidad de propietarios cuando vengan solicitadas por vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, con independencia de su coste-.
 
También exigen que se impulsen reformas para que el Registro de la Propiedad recoja datos sobre las condiciones de accesibilidad de los inmuebles, edificios y viviendas, con el objetivo de que los potenciales adquirentes y usuarios con discapacidad puedan conocer de antemano esta información tan relevante y facilitar su decisión de compra o arrendamiento.

De la misma manera, abogan por la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal y por desplegar políticas oficiales y adoptar medidas que proporcionen y mantengan una oferta pública de viviendas accesibles a disposición de las personas con discapacidad.
 
VIVIENDA ASEQUIBLE E INCLUSIVA
Desde el movimiento CERMI, aseguran que las personas con discapacidad, en general, presentan una elevada dependencia de instancias ajenas a la propia persona, al entorno familiar o a prestaciones o recursos públicos o de la sociedad civil. Por ello, defienden que sean considerados como un grupo preferente en las políticas públicas de vivienda, para proporcionarles soluciones habitacionales dignas, adecuadas y libremente elegidas.
 
Igualmente, exigen que se haga efectivo el derecho de las personas con discapacidad a elegir dónde, cómo y con quién vivir, garantizando los apoyos que lo hagan posible. En este sentido, abogan por que las políticas sociales y las de vivienda se aúnen para que se produzca un tránsito a formas de vida inclusiva e independiente, que permita la vida en la comunidad de pertenencia y la participación social de las personas con discapacidad, como, por ejemplo, la vivienda colaborativa.
 
Por todo ello, el movimiento CERMI considera que la discapacidad organizada y el Tercer Sector de Acción Social han de ser considerados como “agentes cívicos de referencia en la creación y cogobernanza de las políticas públicas oficiales de vivienda en todos sus niveles”.