CERMI Andalucía alerta de que las mujeres con discapacidad quedarán atrás si los recursos de atención a víctimas de la violencia machista no son accesibles

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) ha reclamado este viernes la plena accesibilidad de los recursos y protocolos de atención a las víctimas de la violencia machista para que las mujeres con discapacidad no se queden atrás en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

De esta forma, CERMI Andalucía se suma al manifiesto de la FCM elaborado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) que, junto al CERMI Estatal y el tejido asociativo de la discapacidad, denuncia la falta, hasta la fecha, de medidas efectivas y accesibles que protejan a las mujeres y niñas con discapacidad de la violencia, la explotación y el abuso, y hace un llamamiento para que el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género no las deje atrás. Además, recuerda que el próximo 4 de diciembre concluye el plazo legal que obliga a que en España todos los servicios y entornos de interés sean plenamente accesibles.

Los escasos datos disponibles sobre esta cruenta realidad cuadriplican los efectos de la violencia perpetrada hacia estas mujeres, estimándose que el 20% de las víctimas mortales por violencia de género tenía una discapacidad, en muchos casos sobrevenida como consecuencia de los malos tratos, discapacidad que nunca llegó a ser reconocida oficialmente.

Hay que tener presente, además, que la especificidad de las mujeres y niñas con discapacidad ante la violencia se manifiesta también en forma de fuerza física, coacción legal, coerción económica, intimidación, manipulación psicológica, engaño y desinformación, y en la cual la ausencia de consentimiento libre e informado constituye un componente fundamental.

La institucionalización es igualmente una forma específica de violencia ejercida hacia mujeres y niñas con discapacidad, que se ven obligadas a vivir en entornos cerrados y segregados como resultado de la única respuesta a su atención y exclusión de la comunidad, lo que supone la negación de sus derechos de plena ciudadanía.