CERMI Andalucía apoya la petición al Gobierno del fiscal delegado de Protección de Personas con Discapacidad en la Comunidad de crear fiscalías de sala no penales especializadas en este colectivo

Dotadas de personal con dedicación exclusiva y de suficientes medios materiales, servirían para atender las necesidades específicas de este sector de la población y fortalecer la protección de sus derechos fundamentales

​El artículo 124 de la Constitución Española atribuye al Ministerio Fiscal la misión de proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Por eso, el Comité Español de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía, CERMI Andalucía, apoya la petición al Gobierno de Fernando Santos Urbaneja, fiscal delegado de Protección de Personas con Discapacidad y Consumidores, de crear fiscalías de sala no penales especializadas en la atención a personas con discapacidad y mayores. Se trata de una solicitud expresada en una entrevista concedida en los últimos días a Europa Press.
 
El número de personas con distintos tipos de discapacidad asciende a cuatro millones en España, 700.000 en Andalucía. Representa, sin lugar a dudas, la minoría más mayoritaria dentro de la población. CERMI Andalucía entiende, como afirma el propio Santos Urbaneja, que se hace imprescindible ante esta realidad crear fiscalías especializadas dotadas de medios materiales suficientes y de personal con dedicación exclusiva en aquellas provincias que por tamaño lo requieran que atiendan desde el Ministerio Fiscal las especiales necesidades de este sector de la población para proteger adecuadamente sus derechos fundamentales.
 
En este sentido, Antonio Hermoso, presidente de CERMI Andalucía, ha señalado que “no basta con tener buenas leyes sobre discapacidad, sino que hay que hacer también que se cumplan. Y es ahí donde las fiscalías de sala no penales especializadas deben tener un papel determinante”. Serían, en definitiva, una buena herramienta para superar las reticencias existentes tanto en el ámbito privado como en las instituciones públicas a la hora de cumplir la legislación que salvaguarda los derechos de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad. 

​Por otro lado, esta organización acogió con satisfacción la decisión del Ministerio de Justicia, anunciada en abril de 2019, de crear en la Fiscalía General del Estado  una plaza de Fiscal de Sala con la función de coordinar el trabajo de la Fiscalía en este campo y de recoger las denuncias sobre situaciones de vulnerabilidad de las personas con discapacidad y mayores. Sin embargo, aún falta dotar también a esta instancia de los medios necesarios para que pueda cumplir la misión que se le encomienda. CERMI Andalucía reclama también que se solucione esta situación cuanto antes.