 El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), como movimiento social y plataforma de acción e incidencia política, que trabaja para hacer realidad los derechos humanos y fundamentales de las más de 700.000 personas con discapacidad de Andalucía y sus familias, a quienes representa, aprovecha este viernes para celebrar los logros alcanzados a la luz de la Convención pero también para recordar los aspectos que aún deben mejorarse a nivel estatal y autonómico, y llamar, por tanto, a su cumplimiento. Así lo pone de relieve el manifiesto elaborado con motivo del primer Día Nacional de la Convención Internacional de la Discapacidad (3 de mayo). CERMI Andalucía aplaude la decisión del Consejo de Ministros de establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento para alcanzar un cambio de paradigma que permita abordar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Así pues, hoy viernes 3 de mayo de 2019, junto con sus 16 entidades miembros, CERMI Andalucía conmemora, por vez primera, el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; un instrumento aprobado por la ONU en 2006 y ratificado por España en 2007. De este modo, CERMI Andalucía considera necesario poner en valor los siguientes puntos: - La aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, y de la Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que suponen una adaptación de la normativa estatal y autonómica, respectivamente, en materia de discapacidad, a las exigencias de la Convención. - La obligación legal de establecer cuotas de empleo para las personas con discapacidad en los Contratos en el Sector Público, tanto a nivel estatal como autonómico. - Los esfuerzos por adecuarse a la Convención y mejorar las garantías procesales y el fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad en procedimientos penales mediante las Leyes Orgánicas 1/2015 y 13/2015. - La garantía de que las personas con discapacidad puedan formar parte de jurados populares en procedimientos judiciales, a partir de la Ley Orgánica 1/2017, de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. - La celebración de los primeros comicios electorales, plenamente incluyentes, el pasado 28 de abril, con la garantía del acceso al derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Sin embargo, pesar de estos avances, CERMI Andalucía reconoce la necesidad de seguir impulsando que los mandatos y recomendaciones de la Convención sean trasladados a las normas, políticas y realidades cotidianas de las personas con discapacidad y sus familias. Por ello, CERMI Andalucía reclama: - Una atención específica al desarrollo de políticas y medidas que garanticen el pleno ejercicio de derechos de las personas con problemas de salud mental y la contribución a la reducción del estigma que las acompaña. - La inclusión transversal de medidas para combatir la discriminación interseccional en las políticas públicas sobre discapacidad e igualdad de género, así como el desarrollo de medidas concretas para la prevención, protección y erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres con discapacidad. - El desarrollo de medidas para acabar con la institucionalización de la infancia con discapacidad, fortaleciendo el apoyo a las familias, y la aprobación de una Ley de Atención Temprana en Andalucía que garantice servicios de atención temprana universales, gratuitos y eficaces. - La derogación de todas las disposiciones legales discriminatorias, con objeto de reconocer la plena capacidad legal de todas las personas con alguna discapacidad y el fin de las esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad, sobre todo a las mujeres. - La aprobación inminente del reglamento de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público, cuyo plazo se agotó en diciembre de 2015, ya que la accesibilidad universal es un aspecto esencial para que las personas con discapacidad puedan acceder al ejercicio de derechos fundamentales. - El desarrollo y aplicación, en Andalucía, del conjunto de prestaciones y servicios destinados a una verdadera promoción de la autonomía personal en efectivo cumplimiento de la ley 39/2006. - La sensibilización, formación y actualización continuas, de profesionales de la administración pública, especialmente del campo de la salud, la educación y la justicia, en materia de discapacidad y derechos humanos, contando con las organizaciones representantes de las personas con discapacidad. En definitiva, reclamamos la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad a través de sus propias organizaciones, en todos los foros, contextos y escenarios en que se planifiquen, diseñen, ejecuten y evalúen políticas públicas, ya que la discapacidad debe estar presente de manera transversal en todas ellas. 
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