CERMI Andalucía sugiere que el proyecto de Ley de Formación Profesional incorpore medidas concretas para el alumnado con necesidades educativas especiales

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) valora de forma positiva el proyecto de Ley de Formación Profesional, pero considera que deberían ponerse en marcha medidas y acciones específicas encaminadas a que el alumnado con discapacidad, que en la mayoría de los casos presenta unas necesidades educativas especiales, pueda cursar cualquier modalidad de formación profesional.

Así lo ha expresado Antonio Molina, en nombre del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), durante su comparecencia en la comisión de Educación del Parlamento andaluz, que es la encargada de tramitar el proyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía.
 
Asimismo, el representante del CERMI Andalucía ha trasladado la predisposición de la entidad para colaborar en los órganos de participación establecidos en el articulado de la norma, para hacer llegar de primera mano “las necesidades de este grupo de población; porque muchas veces sus necesidades quedan solapadas con medidas dirigidas a la población desempleada sin discapacidad”.
 
Antonio Molina, que ha planteado su intervención dentro del marco del Estatuto de Autonomía de Andalucía, ha explicado cómo el alumnado con discapacidad, en especial con discapacidad intelectual, tiene en la actualidad dificultades para acceder a la formación profesional básica y a la hora de la obtención del título correspondiente. Por ello, CERMI Andalucía considera fundamental que se subsanen los obstáculos que impiden su participación; desde los requisitos de edad para su acceso, pasando por la adaptación de materiales en lectura fácil, la adaptación curricular y la formación del personal docente, de manera que la persona pueda obtener su título de educación secundaria, continuar su formación o lograr un puesto de trabajo.
 
Ha resaltado la importancia de la acreditación de las competencias profesionales, debiendo adaptarse el sistema para que las personas con discapacidad puedan participar en los procedimientos de acreditación a través de un cupo de reserva, además de convocar procedimientos para el nivel 1 de cualificación, ya que muchas personas con discapacidad no han alcanzado el nivel 2.

Por otro lado, ha subrayado que “es muy importante que el tejido empresarial conozca las capacidades del alumnado con necesidades educativas especiales, para posibilitar su posterior inclusión laboral”. Así, ha afirmado que “deben existir ayudas para que las empresas adapten sus centros de trabajo y que es necesario incentivar los programas de empleo con apoyo”.

Además, dada la especial relevancia de la innovación tecnológica para este tipo de alumnado, se hace imprescindible “adaptar los programas y plataformas, así como el equipamiento de los centros públicos y los materiales del profesorado”, ha aseverado.

En relación al acceso a los fondos para la formación profesional, CERMI Andalucía estima que como entidad que contribuye a la formación para el empleo de las personas con discapacidad, su participación no debería ser de ningún modo en régimen de concurrencia competitiva, ya que la Ley de Servicios Sociales contempla la figura del concierto social.   

Antonio Molina ha declarado que sería necesario que “se incluyeran datos, diferenciados por género, relativos al alumnado con necesidades educativas especiales; para que su situación, acceso y participación quede reflejada en las estadísticas oficiales”.

Por último, el representante del CERMI Andalucía mostraba su convencimiento de que las aportaciones del CERMI Andalucía serán tenidas en cuenta, porque sin duda “contribuirán a mejorar el proyecto de Ley de Formación Profesional y con ello la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad en la comunidad autónoma”.