CERMI Andalucía urge al nuevo Gobierno a incrementar la financiación estatal de la Dependencia

La entidad solicita la adopción de una serie de medidas dirigidas a satisfacer los derechos básicos de las personas con discapacidad tras los últimos meses de parálisis política en España. La implantación de la asistencia personal y la eliminación del copago confiscatorio son otras de las principales reivindicaciones del colectivo ante el nuevo Ejecutivo

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía, CERMI Andalucía, pide al nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez que se centre en las cuestiones sociales. Tras meses de parálisis política en España, urge la adopción de una serie de medidas dentro de las competencias de la Administración General del Estado dirigidas a satisfacer los derechos básicos de las personas con discapacidad y que son imprescindibles para alcanzar una sociedad más justa, decente y democrática. La elaboración y puesta en práctica de estas medidas deberán contar, además, con la participación de las entidades que representan al sector por ser las que mejor conocen la realidad y necesidades de los colectivos sociales que lo integran.
 
CERMI Andalucía considera vital, en primer lugar, mejorar la financiación estatal del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. En la actualidad, el Gobierno central aporta a las Comunidades Autónomas el 20% del coste, muy lejos del 50% que establece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.  El incremento de la financiación del Estado haría más fácil tener una vida digna a los 300.000 andaluces y andaluzas con derecho a prestaciones del Sistema de Dependencia y al millón y medio del conjunto de España. Mejoraría los costes plazas en residencias y centros de día, podría llevar a las Comunidades Autónomas a impulsar programas para el fomento de la autonomía personal y a activar prestaciones previstas por la ley pero bloqueadas en la práctica, como la de la asistencia personal.
 
CERMI Andalucía se une a la petición de CERMI Estatal de que 2020 sea el año de la implantación de la asistencia personal en toda España. Esta figura promueve el empoderamiento de la persona con discapacidad y facilita la adopción de decisiones autónomas en su día a día. Sin embargo, la falta de voluntad política de las Comunidades Autónomas y de los sucesivos gobiernos centrales ha hecho que, tras más de trece años de vigencia de la Ley de Dependencia, el desarrollo de esta prestación sea casi inexistente, a pesar de estar contemplada en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por España.
 
Otra reivindicación histórica de CERMI Andalucía es la eliminación del copago confiscatorio en el acceso a servicios y prestaciones relacionados con la dependencia. La entidad reitera la necesidad de una regulación estatal que limite esta asunción de costes que en la práctica expulsa a miles de personas dependientes del sistema de protección social.
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Accesibilidad
 
Esta organización reclama también la creación de un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal que se nutra con el 1% de los Presupuestos Generales del Estado. Este Fondo serviría para financiar las obras públicas e infraestructuras que hagan accesibles para toda la ciudadanía los espacios, productos, servicios y procedimientos públicos.
 
En lo que respecta a la accesibilidad, es necesaria también la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, de modo que los costes de las obras para hacer accesibles espacios comunes en edificios donde residan personas mayores de 70 años y personas con discapacidad tengan que ser asumidos por las comunidades de vecinos. Al mismo tiempo, debieran concederse ayudas públicas ante la imposibilidad de hacer frente al gasto.  
 
Trabajar sigue siendo a día de hoy una quimera para muchas personas con discapacidad. Por ello, CERMI Andalucía insta al nuevo Gobierno a adoptar nuevas políticas activas de empleo para este grupo de población cuya tasa de actividad se sitúa en torno al 35%. El objetivo que plantea esta organización es llegar al 50% a lo largo de la presente legislatura. Para conseguirlo es fundamental el impulso del empleo con apoyo, una de las modalidades de acceso laboral con más potencial inclusivo y que mejor se adapta a las necesidades de los distintos colectivos.
 
Esta organización considera urgente también la modificación legislativa que permita pasar de un modelo de supresión de la capacidad jurídica a otro basado en el apoyo en la toma de decisiones. Con ello se suprimirían en nuestro país prácticas claramente contrarias a los Derechos Humanos y que afectan, sobre todo, a mujeres y niñas con discapacidad, como la esterilización forzosa y el aborto coercitivo.
 
La entidad pide, asimismo, la elaboración de una macroencuesta sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad que ofrezca un retrato sobre esa realidad poco conocida y que oriente las políticas y estrategias de erradicación de la violencia contra este grupo social.
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