CERMI Andalucía valora que las próximas elecciones generales sean las primeras en las que puedan votar las más de 100.000 personas con discapacidad hasta ahora vetadas

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) valora que las elecciones generales convocadas para el próximo 28 de abril vayan a ser las primeras elecciones en las que las más de 100.000 personas con discapacidad con sentencia judicial de incapacidad puedan ejercer su derecho al voto.
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El Congreso aprobó en octubre por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) impulsada por el PSOE que iba a permitir votar a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, decisión que posteriormente ratificó el Senado en el mes de noviembre.

La iniciativa legislativa que permitía devolver el derecho al voto a estas 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que hasta ahora no podían hacerlo surgió hace dos años en la Asamblea de Madrid. Tras ser aprobaba con el respaldo de todos los partidos, se elevó al Congreso y después al Senado.

Sin embargo, CERMI Andalucía lamenta que debido al cierre de la Legislatura, vayan a continuar quedando pendientes reformas tan importantes para las personas con discapacidad, como la prohibición de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad, en su mayoría mujeres, que contempla el artículo 156 del Código Penal y sobre la que la ONU ya ha advertido a España. En concreto, según datos del Consejo General del Poder Judicial (2010-2016), hay un promedio de 100 resoluciones judiciales que autorizan la esterilización de personas con discapacidad sujetas a incapacidad previa.

Otro de los asuntos que van a quedar sin resolver es el de la accesibilidad universal. Hay que recordar que el 4 de diciembre de 2017 se acabó el plazo legal para que en nuestro país fueran accesibles todos sus espacios públicos, entornos, bienes y servicios, unas obligaciones que las administraciones siguen incumpliendo de manera sistemática.

Tampoco se ha aprobado la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, y como recuerda el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la falta de accesibilidad que todavía hay en los edificios obliga a muchas personas con movilidad reducida a vivir “encarceladas” a no ser que otras les ofrezcan apoyo.

Por último, otra cuestión que queda en suspenso es el trasvase de los más de 37.000 alumnos matriculados en centros de Educación Especial al sistema educativo ordinario.